No estoy de acuerdo con las tesis difundidas por Antonio García-Trevijano
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| Pedro M. González al lado de su gran líder |
Artículo por Juan Antonio Cortés Avellano
Voy a escribir un artículo para aclararle ciertas perspectivas a un amigo, y que para mantener el anonimato lo llamaremos Hermenegildo. No hace mucho, mi amigo Heremenegildo me decía del abogado Pedro Manuel González que es un tío "cojonudo. He comprado un libro de él que se llama 'La justicia en el Estado de partidos'. Abogado valiente e independiente".
Hoy en día, escribir un libro no es un acto valiente, escribirlo en Corea del Norte o en la España de los años del franquismo podría serlo pero hoy no. Y Pedro Manuel González es tan independiente como se lo permitiera Antonio García-Trevijano. Resulta que el libro La justicia en el Estado de partidos fue un encargo de Trevijano:
El proximo 17 de Junio, a las 19:30 horas, Pedro M. González presentará su libro La Justicia en el Estado de Partidos en el Centro Riojano de Madrid – Calle de Serrano 25 – junto con Dalmacio Negro, que lo ha prologado, y Pedro Lopez Arriba.
El nuevo título de Editorial MCRC estará a la venta en nuestra librería online a partir del 1 de junio.
La Justicia en el Estado de Partidos obedece a un encargo de Antonio García-Trevijano, para que el autor, prolífico columnista del Diario Español de la República Constitucional, sistematizara los artículos que desde su fundación había publicado en ese medio. Leer más👈
Ni valiente ni independiente, sencillamente respondía a los intereses del MCRC y obviamente a los intereses de Antonio García-Trevijano, que es lo mismo que decir MCRC. Tampoco se puede decir que se arriesgase en demasía, ya que antes de ponerse manos a la obra contaba con el apoyo de la Editorial MCRC. A Hermenegildo le ha encantado el libro de Pedro M. González, no es para menos: si la doctrina de Trevijano le encaja como anillo al dedo, ese libro se puede decir que estaba más que cantado que coincidiría con su ideología.
Hace poco me mandaba este vídeo del Canal de YouTube, La Guarida del zorro:
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La Guarida del Zorro es un canal de Rubén Gisbert Fraile, joven abogado colaborador del MCRC. En este vídeo que he subido al blog hacen una reflexión crítica contra la sentencia del Procés. En la entradilla del vídeo escribían:
En el primer programa analizando La Sentencia del procés, trato con el abogado y jurista Pedro M. González el contexto jurídico y político que explica el porqué de dicha sentencia. El marco que ha dado sentido a la sentencia y el fallo de dicha sentencia. En el próximo programa trataremos el contenido técnico de la sentencia y por qué se ha condenado por el delito de sedición y no rebelión.Era más que obvio que cuando un servidor empezara a visionar el vídeo no estaría de acuerdo con muchas cosas. Mi amigo sabe que no soporto al MCRC. Aún así Hermenegildo se empeña en mandarme esos bodriosos vídeos de gente que para nada es relevante en la esfera pública y me dice que "Hay que oír tambien la parte contraria". Eso también me dicen cuando escribo sobre el franquismo, que soy un sectario de izquierdas por no "oír las tesis franquistas". Ciertamente uno está puesto en lo que el franquismo defendió y sigue defendiendo: lo mismo digo de la secta de Trevijano.
Yo llevo insitiendo que no hay delito ni de rebelión ni de sedición, tal y como afirman gente con más enjundia intelectual que los don nadie del MCRC (que no son otra cosa que unos interesados en busca de publicidad), como por ejemplo lo son, Javier Pérez Royo (catedrático de derecho constitucional), José Antonio Martín Pallín (magistrado emérito del Tribunal Supremo) e Ignacio Sánchez Cuenca ( sociólogo, filósofo y profesor de ciencia política)
Vamos a dejarle a Hermenegildo un artículo de Ignacio Sánchez Cuenca:
Por muchas afirmaciones enfáticas que se realicen desde las instituciones sobre la división de poderes y el Estado de derecho, la sentencia del Tribunal Supremo no deja de producir una cierta incomodidad en el Gobierno y el resto de instituciones del Estado: la imagen de España que se transmite al exterior no es buena. Condenar a políticos electos a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por un delito de perfil vago y ambiguo, de resonancias decimonónicas, como es la secesión (“alzamiento tumultuario”), resulta difícil de explicar a alguien de fuera. De ahí que la maquinaria de propaganda del Gobierno español esté operando a pleno rendimiento, mediante las campañas de “España global”, los informes del Instituto Elcano, las reuniones con embajadores, las declaraciones en inglés del presidente, etcétera.
El argumento no puede ser más sencillo: hubo unos políticos que se saltaron la ley, la fiscalía intervino y los jueces han dictado sentencia. Igual que ocurre en el club de las democracias liberales al que España pertenece con gran orgullo. Eso y no otra cosa es el Estado de derecho. Quien cuestione este relato lo hace por mala fe o porque está intoxicado por los publicistas del independentismo.
La actual fiscal general del Estado, María José Segarra, debería dimitir
Sin embargo, hay algunos “detalles” que no encajan demasiado bien en este relato. Todo parte de las dos querellas que presentó el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el 30 de octubre de 2017. Al fiscal general, recuérdese, lo nombra el Gobierno. El fiscal tiró por elevación para que el caso llegara a Madrid y no se quedara en un juzgado catalán. Por eso mismo lanzó la acusación atrabiliaria de rebelión, pues sólo de este modo podía garantizar que el asunto acabara en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Tras alguna vacilación, el caso fue a parar a este segundo, al Tribunal Supremo, es decir, el tribunal más politizado de España, con una clara mayoría conservadora (recuérdese el célebre mensaje de Ignacio Cosidó sobre el control político de la sala segunda, la que ha juzgado a los líderes independentistas). Ni el sustituto de José Manuel Maza nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy, Julián Sánchez Melgar, ni María José Sagarra, nombrada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quisieron modificar la acusación original. La actual fiscal general del Estado debería dimitir, pues lejos de defender el interés general y la legalidad, ha validado en todo momento la actuación ideológica de los fiscales del Supremo.
Acusar de rebelión por los sucesos de octubre es parecido a acusar de genocidio a una clínica que practique abortos clandestinos en un país en el que el aborto sea ilegal. Se trata de una exageración sin fundamento alguno. Si, a pesar de ello, la fiscalía (con el PP y con el PSOE) siguió adelante, fue porque convenía al deseo de dar un escarmiento penal a los acusados. Con el propósito de asegurarse dicho escarmiento, el caso tenía que juzgarse desde un alto tribunal. La acusación de rebelión, además, dio cobertura legal a las interferencias que la justicia ha producido en el proceso electoral, impidiendo a varios de los acusados ejercer sus derechos como representantes de la ciudadanía. Y, no se olvide, los cargos por rebelión fueron la base de ese discurso del odio por el cual políticos y periodistas henchidos de nacionalismo español se refieren a los líderes independentistas como “golpistas”.
Todo lo que ha pasado es un buen reflejo de la escasa sensibilidad democrática que hay en la cultura jurídica dominante en España
Al final, como cabía esperar, nada ha quedado de la rebelión: habría sido un escándalo internacional que se hubiera condenado a los políticos catalanes por este tipo penal. Todo el mundo pudo ver que no concurría la violencia necesaria para hablar de rebelión. No obstante, la acusación sirvió para llevar el caso a la cúspide del sistema judicial, que es de lo que se trataba en última instancia.
Ante la indefinición de los tipos penales manejados (rebelión, sedición), los jueces han aprovechado para hacer una lectura legalista y roma de lo sucedido en Cataluña en otoño de 2017. Así, en un ejercicio de creatividad jurídica, han acabado asimilando las sentadas de los ciudadanos durante el 1-O a un “alzamiento”. Todo ello es buen reflejo de la escasa sensibilidad democrática que hay en la cultura jurídica dominante en España.
Con estos antecedentes, nadie debería sorprenderse de que las instituciones y los medios de comunicación conservadores redoblen el discurso de que España tiene una democracia y un Estado de derecho que nada tienen que envidiar a los de países de nuestro entorno. Cuanto más insistan en ello, más se delatan. Ignacio Sánchez Cuenca...👈
